Responsabilidad patrimonial

• Personas que sufran lesiones
• Titular de los bienes o derechos patrimoniales lesionados

• La responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos podrá surgir siempre que concurran los siguientes requisitos:
  • La efectiva realización del daño o lesión patrimonial.
  • Que el daño producido sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado o individualizable respecto de una persona o grupo de personas.
  • Que el daño sea antijurídico, es decir, que no tenga la obligación de soportarlo.
  • Que haya un nexo causal adecuado, inmediato, exclusivo y directo entre la acción u omisión administrativa y el resultado lesivo producido.
  • Que el daño o perjuicio no se haya producido por fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad.
  • Que no haya prescrito el plazo para reclamar.
• La responsabilidad del Estado legislador como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria podrá surgir en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos anteriores:
  • Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
  • Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
  • Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, siempre que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
    • La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
    • El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
    • Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6 meses (30 días en los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada)

Si tu solicitud no se ha resuelto pasado el plazo de resolución, puedes esperar a que la administración resuelva (puede aceptar o denegar tu solicitud) o interponer un recurso.