Reconocimiento de asistencia jurídica gratuita

La Constitución Española establece, en su artículo 24 el derecho fundamental de todas las personas a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Para la efectividad de este derecho, en el artículo 119 dispone la gratuidad de la Justicia cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

La asistencia jurídica gratuita es un sistema que garantiza el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, de manera que este derecho no se vea limitado por la escasez de medios económicos.

Beneficiarios siempre que acrediten insuficiencia de medios para litigar

1. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
2. Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:
   • Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación PDF, 12 KB)
   • Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
3. En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de microempresa en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley Concursal, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto en su libro tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
   Igualmente, en el ámbito concursal, los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de las personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social
4. Las personas que comuniquen infracciones en los términos de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o a las autoridades autonómicas respectivas, siempre que cumplan las condiciones de protección recogidas en la citada Ley, siempre que cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, inferiores a cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de comunicar la información, y exclusivamente para los procedimientos seguidos en cualquier orden jurisdiccional que sean consecuencia directa de la infracción comunicada.

Beneficiarios con independencia de la existencia de recursos para litigar

1. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso.
2. En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
3. En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.
4. En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta Ley, en los términos que en él se establecen.
5. Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos. También se reconoce este derecho, con independencia de la existencia de recursos para litigar, a las mujeres y personas menores de edad que sean víctimas de los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual.
6. Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales.
7. Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo (Boletín Oficial del Estado, 23 de septiembre de 2011)
8. En el orden penal, las personas jurídicas, cuando por requerimiento judicial haya de designarse defensa letrada y, en su caso, representación procesal, siempre que la sociedad haya sido declarada judicialmente en situación de insolvencia actual o inminente, se encuentre en concurso de acreedores o no conste actividad económica en el último ejercicio cuando, en este último caso, la sociedad se halle disuelta o en trámite de disolución por las causas y por el procedimiento legalmente previsto para ello.

Los requisitos necesarios para optar a justicia gratuita son:

1. Litigar en defensa de derechos o intereses propios.
2. Acreditar insuficiencia de recursos para litigar.

Se considera que no disponen de medios para litigar, como norma general:

1. Aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio suficiente, cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:
   • Dos veces el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
   • Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
   • El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente
2. Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se estará a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.

​​​El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos. La cuantía anual de referencia para el año 2026 se establece de conformidad con la Disposición adicional nonagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en:

• El IPREM diario, 20 euros.
• El IPREM mensual, 600 euros.
• El IPREM anual, 7.200 euros.

• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
• Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado.
• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva.
• Exención del pago de tasas judiciales y de depósitos necesarios para la interposición de recursos. 

Procedimiento

El solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá indicar cuáles son las prestaciones incluidas en el artículo 6 cuyo reconocimiento pide.

Una vez cumplimentado y firmado el impreso de solicitud, se presentará ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio.

En la solicitud se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

Direcciones

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

Dirección: Don Jaime I, 18, 50001 Zaragoza.

Teléfono: 976 204 220 (Centralita). Fax 976 396 155

Página Web: REICAZ. Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.)

Dirección: Avenida de Ranillas, 89-97. Planta B0, 50018 Zaragoza

Teléfono: 976 292 259

Página Web: SOJ. Servicio de Orientación Jurídica

Ilustre Colegio de Abogados de Teruel

Dirección: Plaza del Tremedal 2, 44001 Teruel.

Teléfono: 978 605 352 Fax 978 601 891

Página Web: Ilustre Colegio de Abogados de Teruel

Ilustre Colegio de Abogados de Huesca

Dirección: Calle Mariano Cavia 3, primero 22005 Huesca.

Teléfono: 974 210 404

Página web: Ilustre Colegio de Abogados de Huesca. Justicia Gratuita

En la Comunidad Autónoma de Aragón, la competencia para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita corresponde a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, de conformidad con lo dispuesto en  la Orden PRE/375/2016, de 15 de abril (BOA de 5 de mayo de 2016)

Presentar una solicitud para impugnar la resolución ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (PDF, 12 KB).