Revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) 2022-2027

La revisión del PASD programa y planifica las actuaciones de depuración de aguas residuales hasta el 2027 con la finalidad de limitar los impactos negativos que los vertidos domésticos producen en el medio ambiente, contribuyendo de este modo a la mejora de la calidad de las aguas de nuestros ríos.

Última actualización: 04/06/2025

Vista de la depuradora de Panticosa (Huesca)

El Plan presta especial atención al Pirineo como zona de interés, a determinadas instalaciones declaradas de Interés General y a otras actuaciones nuevas cuya realización se programa atendiendo a la mayor carga contaminante.

También se contempla la adaptación y la mejora de sistemas existentes que necesitan algún tipo de actualización, la reutilización de las aguas depuradas, la prevención y corrección de los efectos perjudiciales de las aguas de tormenta y también la identificación, cuantificación y eliminación de las denominadas aguas parásitas, que son las se incorporan de modo no controlado a las redes de saneamiento y conllevan un sobredimensionamiento innecesario del sistema de depuración. El capítulo de digitalización es también muy relevante, de modo que está previsto el desarrollo de un sistema de información para el análisis y seguimiento de la evolución de las pérdidas de agua y el avance en el uso del agua eficiente, así como la mejora en los sistemas que utiliza el propio Instituto Aragonés del Agua en la gestión.

Las vías de financiación aplicables a las inversiones planificadas tienen en cuenta que los costes de saneamiento y depuración deben ser soportados por el causante de la contaminación, lo que se articula, actualmente, a través del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que constituye el final de una larga evolución normativa. Las actuaciones también van a poder ser financiadas por otros ingresos por la actividad propia del Instituto Aragonés del Agua y mediante la participación en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, sin olvidar la financiación europea en determinadas actuaciones o programas de actuación. La inversión total prevista para las distintas actuaciones programadas asciende a 143 millones de euros.

En el año base de la planificación, el año 2021, existían 382 núcleos de población en Aragón que depuraban sus aguas con depuradora o tratamiento adecuado, un total de 2.930.000 habitantes equivalentes, esto es el 90% de la carga contaminante en Aragón. Con las obras previstas en el Plan aprobado se alcanzarían 3.074.000 habitantes equivalentes, sobre un total estimado de 3.239.000, lo que supone actuar sobre el 95% de dicha carga, un avance importante y necesario.

A fecha diciembre de 2024, todos los núcleos que aportan una carga contaminante de más de 10.000 habitantes equivalentes ya estaban siendo correctamente atendidos por depuradoras en funcionamiento y en todas las aglomeraciones de entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes las actuaciones están completadas, en curso de ejecución o proyectadas. Por ello, puede decirse que la Comunidad Autónoma de Aragón ya cumple casi en su totalidad con las exigencias de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Publicada en diciembre de 2024, la nueva directiva en la materia, la Directiva 2024/3019, amplía su ámbito de aplicación a aglomeraciones urbanas cuya carga contaminante sea superior a 1.000 habitantes equivalentes, que deberán disponer de un sistema de depuración conforme antes de terminar 2031. También en este tramo la comunidad aragonesa ha ido avanzando a buen ritmo, de modo que, en Aragón, no sólo se alcanzará la conformidad para ese tramo antes del término del plazo europeo, sino que antes de finalizar la vigencia del Plan de Saneamiento y Depuración que ahora se aprueba, se llegarán a depurar vertidos urbanos de parte de las aglomeraciones de, al menos, 400 habitantes equivalentes.

Todos los documentos de relevancia jurídica de este procedimiento pueden consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

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