De manera periódica en Aragón, los establecimientos de asistencia social inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la comunidad autónoma pueden solicitar la participación en la distribución de caudales hereditarios procedentes de sucesión legal. ¿Qué significa todo esto?

El origen de este procedimiento, explica Casabona, está en el año 1995, “cuando se hace una modificación de la compilación de derecho foral y de la ley de patrimonio de Aragón y se dispone que a los aragoneses que fallezcan intestados -sin testamento- les sucederá la comunidad autónoma” en aquellos casos en los que la persona fallecida no tenga herederos.

Esto es posible porque Aragón es una comunidad con derecho foral propio, es decir, no todas las comunidades autónomas tienen esta atribución. En las que no lo tienen, hereda el Estado.

“Al principio pensamos que serían muy pocos casos, no nos imaginábamos que pudieran ser demasiados los aragoneses que hubieran fallecido sin haber otorgado testamento y sin parientes hasta el cuarto grado en línea colateral, es decir, que no tienen ni ascendientes ni descendientes, ni hermanos ni primos hermanos, ni hijos ni nietos de hermanos”, comenta Asun Casabona.

“Inicialmente creíamos que esto sería algo muy puntual, pero nos dimos cuenta de que sí que hay bastantes”, reconoce. Desde que se comenzó a realizar este reparto se han iniciado alrededor de 500 trámites.

Lo que se hizo los primeros años fue aplicar la normativa estatal, la ley de patrimonio del Estado. Después, en el año 2000, tras cinco años de recorrido, cambiaron las cosas, en parte por el caso de un aragonés que falleció dejando un gran patrimonio detrás. “A partir de ahí vimos que necesitábamos regulación propia, que teníamos que tener nuestras propias normas”, indica.

Se optó por disponer que todo lo que se recibe de herencias el destinatario serán establecimientos de asistencia social. El reparto se haría a través de un órgano colegiado que tuvo que crearse: la Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este órgano se reúne aproximadamente una vez al año y se acuerda el reparto.

El decreto del año 2000, señala Asun Casabona, se modificó en 2014, incluyendo los requisitos y las condiciones que tienen que reunir las entidades para participar en el reparto: preferentemente deberán estar radicados en el municipio aragonés del último domicilio del causante, deberán figurar inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón y deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En los últimos años, cada vez que se ha hecho un reparto se ha repartido en torno a un millón de euros, dinero acumulado de varias herencias. Las entidades, que suelen presentarse unas 130, tienen un mes para solicitar entrar en el reparto y, normalmente, lo hacen “con proyectos de interés social”. Una vez concluido el plazo, la Junta se reúne y se decide la asignación.

El reparto, no obstante, no se hace a todas las entidades que se presentan porque esto “solo se ha hecho una vez y se demostró poco efectivo, porque las cantidades asignadas eran muy pequeñas y no daban para cubrir los proyectos que querían acometer”.

En el caso concreto de este 2021, ha habido un cambio debido a la pandemia: se ha acordado que la herencia más grande de las acumuladas, que supera los 360.000 euros, se destine íntegramente a ayudar a financiar los gastos que han tenido las entidades sociales en el último año vinculados a las medidas de la COVID.

Otra novedad de esta convocatoria es que por primera vez se debía realizar de manera telemática a través del Tramitador Online de la Sede electrónica del Gobierno de Aragón, un cambio acometido por el rediseño del servicio que se ha realizado desde SDA.