ERTEs fuerza mayor por COVID-19

Preguntas frecuentes

  1. De acuerdo con Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

    • Todas las empresas a las que antes y después de la declaración del estado de alarma, no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por parte de la Administración Pública (en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón ver apartado de normativa autonómica aragonesa).

    • Las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo (decretado por las autoridades sanitarias).

    • Todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del cierre de locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de suministros que impida gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas causas sean consecuencia directa del COVID-19. Listado de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida (PDF, 96 KB).

    • En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.

    • Así como cualesquiera otras actividades (i) que hayan quedado suspendidas, canceladas o restringidas por el real decreto por el que se declara el estado de alarma y el real decreto por el que lo modifica y (ii) que se hayan tenido que suspender debido a la falta de suministros, al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

    Las restantes empresas que se vean obligadas a presentar un ERTE por la disminución de su actividad como consecuencia de circunstancias distintas de las anteriores deberán justificar en la memoria de presentación del ERTE las razones por las que consideran que el ERTE es de fuerza mayor, las cuales serán valoradas por el órgano competente para su resolución.

    De acuerdo con la normativa autonómica aragonesa (vigencia 14 y 15 de marzo):

  2. Según se dispone en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (B.O.E. num. 73, de 18 de marzo de 2019) son las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen:

    • suspensión o cancelación de actividades.
    • cierre temporal de locales de afluencia pública.
    • restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías.
    • falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.
    • situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente.
  3. Si es por causa de fuerza mayor deberían incluirse todos los empleados y debería indicarse en la decisión que debe aportar tras la resolución esa circunstancia (que no se necesita usar el ERTE a la vez para todos los trabajadores) y que se hará uso escalonado.  Además, si no lo han comunicado a la Autoridad Laboral, pero sí estaban todos incluidos en el ERTE, no tiene más que desafectar a los trabajadores que necesiten comunicándolo al SEPE.

    Si el ERTE es por causas productivas, deberían incluirse todos en el expediente y tras la decisión empresarial se iría comunicando al SEPE la afectación con el certificado de empresa.

  4. No. Igual que en el caso anterior, la autoridad laboral deberá resolver que no está acreditada la fuerza mayor y denegar la solicitud. La empresa podrá presentar un ERTE por causas productivas que afecte a esos mismos trabajadores y trabajadoras, siguiendo el procedimiento y aportando la documentación exigida para este tipo de ERTEs.

  5. Se entiende por fuerza mayor aquella causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral.
  6. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el artículo 22. 1:

    • Se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.
    • Se comunicará la solicitud, informe y documentación acreditativa a los trabajadores y a sus representantes.
    • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral.
    • La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
    • Dicha resolución deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa.
    • Corresponde a la empresa a la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada.

    Acceso al trámite online: Solicitud de constatación de existencia de fuerza mayor en procedimientos de regulación de empleo con pérdida de actividad por el COVID-19

  7. En los casos en los que la autoridad laboral resuelva que no está acreditada la fuerza mayor y deniegue la solicitud, la empresa puede presentar un ERTE por causas productivas que afecte a esos mismos trabajadores y trabajadoras, siguiendo los trámites especiales exigidos para este tipo de ERTEs. No tendría efectos retroactivos.

  8. Una asesoría trabaja con sus clientes por teléfono, mail y con la Administración telemáticamente. No es Fuerza mayor, sino ETOP (incluso valorable esto último ya que desciende trámites normales de empresas pero asciende consultas laborales).

  9. En todo caso de fuerza mayor, incluido el derivado de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  10. A los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada que se comuniquen o incoen a partir del día 18 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19). 

  11. En el caso de los supuestos derivados del artículo 22.1 deberá aportarse un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.
  12. La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la Autoridad Laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.

  13. La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de las cuotas empresariales, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajadoras en situación de alta en la Seguridad Social.

    Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

    A efectos de las personas trabajadoras, dicho período se tendrá como efectivamente cotizado a todos los efectos.

    La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y trabajadoras y período de la suspensión o reducción de jornada.

    A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal ha procedido al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate. Más información en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

  14. Se aplica el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, con la única diferencia de que el plazo de resolución por parte de la Autoridad Laboral y de emisión de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su caso, será de cinco días.

  15. La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la Autoridad Laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.

    No obstante, la empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe sobre la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

  16. En los supuestos de fuerza con base en las circunstancias descritas en el citado artículo 22. 1 no es obligatorio y su solicitud será potestativa para la autoridad laboral. En caso de ser solicitado este deberá ser evacuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.
  17. Mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

  18. Si el 85% de la plantilla de la empresa está en Zaragoza, con independencia del porcentaje de afectados, competente Zaragoza. Como es por ETOP (causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción) no hay autorización, habría que presentar el 1º por el centro afectado y luego hacer nuevos ERES por cada centro nuevo.

    Autónomos (con dni) y trabajadores a cargo: pueden presentar ERTE.

  19. Si quiere saber si su ERTE por Fuerza Mayor ha sido denegado, puede consultarlo a través del siguiente correo electrónico consultadenegacionerte@aragon.es

  20. Si no han presentado solicitud colectiva, sí, se puede retirar, pero lo tienen que hacer de forma urgente antes de que se tramite ante el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Para ello envíe un escrito firmado por el solicitante del ERTE pidiendo la retirada del mismo al correo: rrll.trabajo@aragon.es

    En caso de que haya sido emitida la Resolución de la Autoridad Laboral constatando la existencia de Fuerza Mayor, envíe el correo indicado y no presente la decisión empresarial con la relación de trabajadores.

    Si ya ha producido efectos el ERTE, es decir, si ya se ha comunicado al SEPE la solicitud colectiva, no cabe renunciar al ERTE.

  21. Sí, se puede. Presente una solicitud de ampliación del ERTE a la Autoridad Laboral indicando esa circunstancia con la relación de los nuevos trabajadores, envíela a la dirección de correo electrónico rrll.trabajo@aragon.es En la solicitud colectiva a presentar ante el SEPE, prevista en el art. 3 del RDL 9/2020 (Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28), indique todos los trabajadores afectados por el ERTE. Si ya la presentó, comunique la modificación al SEPE.

    En caso de que la Autoridad Laboral haya dictado resolución constatando la existencia de Fuerza Mayor, se procederá a emitir una resolución complementaria.

  22. El RD-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, recoge la posibilidad de acogerse a ERTE a empresas que realicen actividades esenciales si tienen parte de su actividad no declarada esencial.

    La fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse, por tanto, a toda la plantilla de una empresa. De esta forma, la nueva regulación permite que las empresas que desarrollan actividades calificadas como esenciales pueden acogerse a ERTE por la parte de actividad que no esté afectada por este carácter esencial.

  23. Sí. Salvo que se introdujera una modificación normativa, el Real Decreto Ley 9/2020 establece que la duración de los ERTE por fuerza mayor derivados del Covid-19 no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria. Se entiende, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma.

    Esta limitación temporal afecta por igual a aquellos ERTE por fuerza mayor que sean resueltos por resolución expresa como por silencio administrativo.