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Moratoria del pago de alquiler de las viviendas patrimoniales del Gobierno de Aragón

Moratoria del pago de alquiler de las viviendas patrimoniales del Gobierno de Aragón

Desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se lanza una moratoria, un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, a todas esas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de esta emergencia sanitaria.

Una decisión apoyada en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que, entre otras medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece, en particular, medidas para proteger a los arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

Las personas que pueden ser beneficiarias de esta moratoria ya han recibido una comunicación, o bien de Suelo y Vivienda de Aragón o de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación para acogerse a la misma.

Es una ayuda complementaria y coyuntural. Se trata de una medida complementaria a la política social de vivienda que se desarrolla, de manera estructural, desde el Gobierno de Aragón a través de la Bolsa de Alquiler Social. Las personas que cuentan con viviendas de la Bolsa de Alquiler social no se verán afectadas por esta medida ya que se trata de viviendas con unas rentas de alquiler bajas, cuyo precio se establece en función de las rentas de las familias, y de unidades familiares que no dejarán de percibir las ayudas sociales como consecuencia del COVID-19 (IAI, pensiones no contributivas, ayudas de integración familiar…) ya que se han asegurado estos pagos.

La moratoria que se aplicará a los inquilinos de las viviendas patrimoniales implica:

  • Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante los meses que dure el estado de alarma e, incluso, los meses siguientes si la situación de vulnerabilidad económica persiste, con un máximo de 4 meses.
  • Que la renta de estos meses se aplazará mediante el fraccionamiento de las cuotas a lo largo de, al menos, 3 años desde el momento en que se supere la situación de vulnerabilidad. El arrendatario no tendrá ningún tipo de penalización y la cantidad aplazada no devengará intereses.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a la moratoria? ¿Qué se entiende por situación de vulnerabilidad económica a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19?

En primer lugar, que el arrendatario ha debido sufrir una pérdida sustancial de ingresos por haber pasado a estar en situación de desempleo, por estar afectado por un ERTE, o por haber reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares.

En este sentido, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no debe alcanzar:

  • Con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM)
  • Este límite se incrementa en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo y en 0,15 veces por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
  • El límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite será de 4 veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  • Por último, en el caso de que el arrendatario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, con discapacidad intelectual con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite será de 5 veces el IPREM.

En segundo lugar, la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, agua, telecomunicación fija y móvil, gastos de comunidad) debe resultar superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Por último, las personas que componen la unidad familiar no deben ser propietarios o usufructuarios de ninguna vivienda en España.

Para solicitar la moratoria, el arrendatario debe remitir al Gobierno de Aragón una declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la moratoria, por correo electrónico: info@svaragon.com, o por Whatsapp en el número de teléfono: 619 780 269.

Asimismo, disponen de información en el portal web de Suelo y vivienda de Aragón.