Objetivos de Desarrollo Sostenible en Aragón. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Conseguir la justicia y su corolario, la paz, así como facilitar el derecho fundamental de acceso a la justicia para los más desfavorecidos, reforzar la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, y aplicar las nuevas tecnologías a la administración de justicia de forma que esta sea más rápida, ágil y eficaz y cumpla por tanto con su doble labor de castigar al culpable y contribuir a reparar el daño causado sin demoras.

• Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros factores, suponen un desafío para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar las bases para una paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades desarrollarse y prosperar. Las ciudades y los pueblos son el hogar común de millones de personas, y las instituciones que las gobiernan pueden tener un papel clave en la consecución de dichos objetivos.
• En el ámbito general de lucha contra la desigualdad ha de situarse la promoción de la igualdad de acceso a la justicia, como un elemento más de cohesión social, base de una sociedad democrática, porque la vulnerabilidad económica, social o educativa no puede ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que proporciona a los ciudadanos.
• La rendición de cuentas es, consecuentemente, el paso definitivo que debemos dar. Una sociedad informada, gestionada por administraciones e instituciones públicas transparentes y abiertas, está en disposición de exigir a sus gobernantes el cumplimientos de los compromisos adquiridos por éstos sobre la base de hechos probados y ciertos.

• Adoptar las medidas necesarias para armonizar la convivencia cooperadora entre la administración autonómica y el resto de entes locales: diputaciones provinciales, comarcas y municipios.
• Consolidar la transformación digital de la Justicia en Aragón.
• Defender la eficacia y necesidad de las instituciones propias aragonesas.
• Elaborar un estrategia antes situaciones de emergencia.
• Establecer una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua, garantizando el funcionamiento de todos los instrumentos y mecanismos de relación bilateral entre Aragón y el Estado previstos en el Estatuto de Autonomía.
• Exigir al Gobierno de España la puesta en marcha de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural.
• Garantizar, reforzar y mantener las medidas de protección y seguridad individual y colectiva en los espacios de las oficinas y sedes judiciales.
• Incrementar los recursos destinados a Justicia Gratuita y potenciar la mediación a través del liderazgo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Mantener y desarrollar el sistema de comarcalización, coordinando de forma más eficaz y definida las competencias de cada uno de los niveles administrativos.
• Potenciar la institución del Justicia de Aragón, atribuyéndole la capacidad de recabar de cuantos órganos y entes sujetos a su supervisión el auxilio inexcusable en sus investigaciones.
• Promover la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes y el Gobierno de Aragón y modificar el Estatuto en lo que respecta al mantenimiento de los 14 diputados mínimos por provincia para la elección a las Cortes de Aragón.
• Reclamar que el Senado se constituya en una verdadera cámara de representación territorial, que sirva de coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
• Defender y desarrollar en todas sus vertientes el Estatuto de Autonomía de Aragón, manteniendo las competencias ya transferidas, y reclamar las competencias pendientes de transferir, con la adecuada dotación presupuestaria para su asunción y desarrollo.
• Desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón, en el marco de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
• Exigir la defensa del actual modelo territorial autonómico y del modelo constitucional vigente.
• Preservar y desarrollar nuestro derecho foral.
• Promover la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes y el Gobierno de Aragón y modificar el Estatuto en lo que respecta al mantenimiento de los 14 diputados mínimos por provincia para la elección a las Cortes de Aragón.
• Desarrollar todas las previsiones contenidas en la Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón.
• Reformar la Ley reguladora de la Cámara de Cuentas de Aragón, dentro de las competencias propias y las derivadas del Tribunal de Cuentas, a fin de dotarla de más medios y facultades, en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo implementar la excelencia y buenas prácticas en el ámbito de las Administraciones Públicas aragonesas y de terceros.
• Exigir al Gobierno de España la puesta en marcha de la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural.

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Presupuesto que el Gobierno de Aragón destina para lograr este objetivo:

2023: 29.132.219,42 €

2022: 17.568.300,30 €

2021: 15.819.021,74 €

2020: 143.223.915,72 €

Objetivos

• Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
• Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
• De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
• Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
• Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
• Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
• Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
• De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Metas

• Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
• Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

Indicadores

• Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad.
• Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa.
• Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses.
• Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia.
• Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes.
• Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de explotación.
• Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 29 años que sufrieron violencia sexual antes de cumplir los 18 años.
• Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente.
• Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total.
• Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos).
• Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente, de conformidad con los instrumentos internacionales.
• Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses.
• Proporción de negocios que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a los que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses.
• Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares).
• Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.
• Proporciones de plazas (desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en comparación con la distribución nacional.
• Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población.
• Proporción de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en organizaciones internacionales.
• Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por edad.
• Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los últimos 12 meses.
• Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.
• Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, en cumplimiento de los Principios de París.
• Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses. por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos.