- Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas del Gobierno de Aragón - Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas del Gobierno de Aragón - Gobierno de Aragón

12/06/2019

  • Departamento de Hacienda y Administración Pública
  • Derechos y servicios a la ciudadanía
PresentaciónLa Ley 1/1998, de 16 de febrero, de Revisión administrativa en materia de Tributos propios y otros Recursos de Derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, creó la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Au

Presentación

La Ley 1/1998, de 16 de febrero, de Revisión administrativa en materia de Tributos propios y otros Recursos de Derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, creó la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Junta sustituyó al Tribunal Económico-Administrativo de la Administración Autónoma de Aragón, creado por Ley 5/1985, de 20 de noviembre, aunque esta Ley no incorporaba una normativa propia y se limitaba a remitirse a la legislación general en la materia. No obstante, las reclamaciones económico-administrativas arrancan en España con la “Ley Camacho” (en referencia al entonces Ministro de Hacienda Juan Francisco Camacho de Alcorta), de 31 de diciembre de 1881, que fue la primera norma que arbitró la vía económico-administrativa como especialidad del recurso administrativo en el ámbito fiscal, reafirmándose la singularidad de esta vía respecto de la vía administrativa propiamente dicha.


La Ley 1/1998, de 16 de febrero, atribuye a la Junta el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas y del recurso extraordinario de revisión, promovidos contra los actos de gestión, liquidación, recaudación, inspección e imposición de sanciones tributarias, relativos a los impuestos propios, tasas, contribuciones especiales, precios públicos y, en general, a la recaudación de todos los ingresos de Derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos.


Las reclamaciones económico-administrativas constituyen un recurso especial para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración. El origen de la vía económico-administrativa se encuentra en la separación entre los ámbitos de gestión tributaria en sentido amplio y de resolución de reclamaciones contra dicha gestión, que en la actualidad se denominan aplicación de los tributos e imposición de sanciones y resolución de reclamaciones contra dicha aplicación de los tributos e imposición de sanciones. Las reclamaciones económico-administrativas constituyen, por lo tanto, el instrumento necesario para quien desee impugnar los actos de la Administración Tributaria y acceder posteriormente, en su caso, a la vía judicial.


La Junta es uno de los órganos económico-administrativos que se han ido creando en el Estado, en las Comunidades Autónomas y recientemente en los Municipios de Gran Población, cada uno encuadrado en su respectiva Administración y sujeto a su normativa específica. La denominación de estos órganos varía según la Administración de la que se trate, siendo generalmente designados como Tribunales o Juntas, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. En todo caso, hay que destacar que no se trata de órganos jurisdiccionales, sino que se configuran como órganos administrativos especiales, que gozan de independencia funcional y separación de los órganos encargados de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones, si bien se integran en la estructura de la correspondiente Administración.


De este modo, la Junta de reclamaciones económico-administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón se integra actualmente en el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. A estos efectos, el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, le atribuye al Servicio de Asesoramiento Jurídico y Coordinación Administrativa del Departamento las funciones de apoyo administrativo a la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, asignando al Jefe del Servicio el desempeño de la Secretaría de la Junta.
La vía económico-administrativa presenta ciertas ventajas para el ciudadano frente a otras vías de impugnación:

  • La exclusividad en la competencia, que prohíbe que la revisión de los asuntos económico-administrativos pueda ser asignada a ningún otro órgano administrativo.
  • La decisión corresponde a un órgano desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de alzada en que resuelve el superior jerárquico.
  • Sus componentes son expertos en las materias a las que se refieren las reclamaciones, lo que le dota un alto grado de profesionalidad e independencia.
  • Es un procedimiento gratuito para los ciudadanos, ya que no exige asistencia jurídica, aunque el ciudadano puede acudir a la misma.

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