El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 12/2011, por el que se modifica la Ley de Aguas. Según esa reforma, las Comunidades que, como Aragón, así lo tengan previsto en sus Estatutos, podrán asumir diversas competencias relacionadas con el dominio público hidráulico. Además de Aragón, solo Andalucía y Cataluña lo incluyen.

Textualmente, el Real Decreto-ley indica: “En las cuencas hidrográficas intercomunitarias (es decir, que discurren por más de una Comunidad), corresponderá a las Comunidades Autónomas que tengan prevista la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico en sus Estatutos de Autonomía, el ejercicio, dentro de su ámbito territorial, de las funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 94 de esta Ley, así como la tramitación de los procedimientos a que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución.

Las materias objeto de transferencia puede tener un alcance extraordinario para el avance competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón, puesto que en el mencionado artículo 94.2 de la Ley de aguas figuran:

a) La inspección y control del dominio público hidráulico.
b) La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
c) La realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas.
d) La inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico.
e) La inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos.
f) La dirección de los servicios de guardería fluvial.
g) En general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces.

Cuando se habla de Dominio Público Hidráulico, se suele pensar en los cauces fluviales, lagos, lagunas y embalses, pero en realidad abarca mucho más: es el agua en su conjunto, tanto la superficial como la subterránea renovable. Por tanto, pueden ser objeto de traspaso todas las materias relacionadas con el dominio público hidráulico, es decir, no solo la inspección, control y/o vigilancia, sino que da cobertura a lo indicado en todos los apartados, y precisa, además, entrar también en temas técnicos de otra magnitud, más allá de los importante cometidos que ejerce la guardería fluvial, como la necesidad de disponer de sistemas de información hidrológica completos, redes de calidad, creación de unidades específicas de control de obras, incluidas la seguridad de Presas…etc.

La reforma de la Ley de Aguas va en la dirección de algunos pronunciamientos emitidos en las Cortes de Aragón. Por una parte, en la comunicación de las Bases de la Política del Agua en Aragón, el Parlamento autonómico aprobaron añadir lo siguiente: “Las Cortes de Aragón consideran que la Comunidad Autónoma de Aragón debe ejercer las funciones de vigilancia y control de la calidad de las aguas y las de policía fluvial en los tramos de los ríos que discurren por el territorio aragonés”.

A raíz de la reforma de la Ley, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad instar al Gobierno de Aragón para que se proceda a reformar la normativa que sea necesaria para su adaptación a lo establecido en el nuevo Real Decreto-ley, así como dirigirse al Gobierno Central para iniciar de manera urgente los pasos administrativos necesarios para completar la transferencia de dicha competencia, contemplada en el artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón.”

El Instituto Aragonés del Agua va a analizar en profundidad el alcance máximo de las transferencias competenciales que implica la aplicación del Real Decreto-ley, así como su valoración económica, para que Aragón pueda abrir el procedimiento necesario con la Administración General del Estado para hacer efectivo el traspaso de las competencias, así como los medios materiales y humanos correspondientes, desde las Confederaciones Hidrográficas del Ebro, el Júcar y el Tajo al Gobierno de Aragón.