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Tutelas de adultos. Modificación de la capacidad de obrar

¿Por qué nos referimos a la Incapacitación como Modificación de la capacidad de obrar?

Aunque pudiéramos decir que es una cuestión de sensibilidad, lo cierto es que, fundamentalmente la responsable de este cambio de denominación de "Incapacitación" a "Modificación de la capacidad de obrar", es la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York el día 13 de diciembre de 2006, en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008, materializándose de manera definitiva desde la aprobación de la Ley 15/2015 de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria.

Todas las personas por el hecho de serlo y desde su nacimiento, tienen capacidad jurídica, la capacidad jurídica solo se perderá con la muerte. En virtud de ésta, todas las personas pueden ser titulares de derechos y obligaciones, y ser sujetos de relaciones jurídicas. Eso significa que pueden ser propietarias de una vivienda, ser declaradas herederas, etc.

Sin embargo, para ejercitar estos derechos y cumplir con sus obligaciones es necesario un complemento: la capacidad de obrar. La capacidad de obrar la tienen todas las personas mayores de edad mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente, mediante un procedimiento de modificación de capacidad jurídica.

 

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Modificación de la capacidad de obrar: objetivo principal e inicio del procedimiento

 

El objetivo principal del procedimiento judicial que implica la modificación de la capacidad de obrar de una persona, es protegerla jurídicamente. A través de la institución tutelar se la dota de un sistema de apoyos necesarios para garantizar a la persona el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

El procedimiento se inicia con el fin de que el juzgado mediante sentencia judicial adopte las medidas de apoyo y protección, que de acuerdo con las circunstancias concretas, pueda necesitar la persona para el ejercicio de su capacidad jurídica, por ello revisará y valorará su capacidad de auto-gobierno en la esfera personal, medica y patrimonial.

El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona será competente para el conocimiento de este expediente, con asistencia de abogado y representadas por procurador si no son defendidas por el Ministerio Fiscal, debiendo en su caso solicitar justicia gratuita antes de la iniciación del procedimiento si la persona tiene derecho a ella. La declaración de modificación de capacidad judicial compete el Juez.

 

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¿Quién puede solicitar la modificación de capacidad judicial de una persona?

 

Puede promover este procedimiento la persona con capacidad legal presuntamente limitada, su cónyuge o pareja, los descendientes, los ascendientes o los hermanos de esta persona. 

En el sistema judicial español existen dos modalidades de demanda

  • Realizadas por los familiares (particulares) ante el juzgado: se suele utilizar si la persona a la que se se pretende modificar su capacidad de obrar no está conforme con esta situación.
  • Iniciadas por el Fiscal.

No obstante, cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible existencia de personas con necesidad de medidas de protección, y también el propio Ministerio Fiscal puede iniciar dicho procedimiento cuando otras personas no lo han solicitado previamente. Eso es así, en tanto en cuanto que la declaración de modificación de capacidad de una persona se articula como medida protectora para la misma, y la obtención de esa protección resulta un derecho del ciudadano, y a la vez una obligación de los poderes públicos y del resto de los ciudadanos hacia las personas que la necesitan.

Se lleva a cabo, mediante solicitud dirigida a la Fiscalía del domicilio de la persona que puede necesitar protección,- según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil-.

 

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¿Cómo se interpone la demanda y se practican las pruebas en el proceso?

 

El procedimiento se inicia mediante un escrito de demanda, en el que se pone en conocimiento del Juez la existencia de una persona con capacidad legal presuntamente limitada, y en el que también puede solicitarse que se le nombre un representante legal. La demanda se notifica a esta persona en su domicilio, para que pueda contestarla en el plazo de veinte días. Si la persona con capacidad presuntamente limitada deja transcurrir este tiempo sin realizar gestión alguna, el Fiscal solicitará que se le nombre un defensor judicial que le represente en el juicio.    

Las pruebas que se practican en el proceso básicamente son:  

  • Prueba Documental: consistente en los documentos que en su día se aportaron con la demanda, para acreditar la limitación de capacidad: certificado literal de nacimiento, informes médicos, informes sociales, certificado de discapacidad; y cualquier otro que pueda tener relevancia para decidir sobre la incapacitación.
  • Audiencia de los parientes más próximos: que serán preguntados sobre la situación de ésta persona, y sobre quién consideran idóneo para ejercer las funciones de tutor o curador.
  • Exploración de la persona por el Médico Forense: que emitirá un Informe sobre la enfermedad o limitaciones que presenta el interesado, y la incidencia de estos padecimientos en su capacidad de obrar.
  • Examen de la persona con capacidad legal presuntamente limitada por el Juez: que antes de decidir sobre la modificación de la capacidad judicial, se entrevistará con el interesado formándose una primera opinión sobre su estado.  

 

 

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¿Qué efectos produce la Sentencia de modificación de capacidad de obrar?

 

Practicadas todas las pruebas y celebrado el acto de la vista, el Juez dictará Sentencia en la que determinará la extensión y límites de la capacidad jurídica de ésta persona y establecerá el régimen de guarda al que debe quedar sometido.

La Sentencia declarará la modificación de la capacidad total en el caso de que se aprecie que el demandado no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes.

La Sentencia declarará la modificación de capacidad parcial cuando se estime que el demandado puede realizar determinados actos por sí solo, y que es capaz de adoptar algunas decisiones que atañen a su persona; pero que, para actos de mayor trascendencia o complejidad necesita el auxilio de otra persona. En este supuesto, la Sentencia debe especificar qué actos puede realizar por sí mismo, y para qué actos necesita asistencia.

Como puede apreciarse, la Sentencia de modificación de capacidad debe adecuarse a la protección que necesita cada individuo, a sus especiales condiciones, insuficiencias y necesidades de apoyo. Asimismo, la modificación de la capacidad judicial deberá inscribirse en el Registro Civil y, si se considera necesario, en el Registro de la Propiedad.

Por último, la Sentencia determinará la persona o institución que va a ejercer la protección de la persona, nombrando tutor o curador para el interesado, o bien, prorrogando o rehabilitando la patria potestad de sus progenitores.

 

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¿Hay que esperar la Sentencia de modificación de capacidad para obtener la protección de la persona?

 

Para conseguir la inmediata protección de la persona  y/o de los bienes de la persona con capacidad legal presuntamente limitada, y sin tener que esperar a que se dicte la Sentencia, el Juez puede dictar medidas de protección imprescindibles que estarán vigentes mientras se decide el proceso y que adoptarán la forma de medidas cautelares del procedimiento. Una vez concluido el proceso, la sentencia deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o extinción de las medidas cautelares, o bien, su sustitución por otras más oportunas.

Las más usuales son dos:

  • El internamiento involuntario por razones médicas y autorizado judicialmente.
  • La administración provisional de los bienes para conservar el patrimonio y garantizar la atención y cuidado la persona hasta la instauración de una medida de protección definitiva.

 

 

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¿Cuáles son las instituciones tutelares?

 

Según establece el Código de Derecho Foral de Aragón, la guarda y  protección de la persona y bienes o solo de la persona o de los bienes de la persona con capacidad judicial modificada se realizará, en los supuestos previstos en la Ley, mediante:

  • La tutela
  • La curatela
  • La defensa judicial

 

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¿Qué significa ser Defensor Judicial, Tutor o Curador? ¿Cuáles son sus funciones?

 

El Defensor Judicial, se caracteriza por su actuación provisional y transitoria. Su cometido es representar, o en su caso asistir a la persona con capacidad judicial a modificada o a modificar, en situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, el tutor o el curador, o cuando estos no existen. Se nombrará cuando se considere conveniente para su protección y/o los bienes de dicha persona.

El  tutor de la persona con capacidad judicial modificada, le representará y ejercerá las funciones que se señalen en la Sentencia de modificación de capacidad, en su defecto, se considerará que está obligado a procurarle alimentos, formación integral, promover la adquisición y recuperación de la capacidad y su mejor inserción en la sociedad. Estas funciones se ejercerán bajo la supervisión del Juez y el Ministerio Fiscal

El curador tiene la misión de asistir y completar la capacidad de la persona, en aquellos actos que no pueda realizar por sí misma. Estos actos deben estar determinados en la sentencia judicial. Esta, podrá conceder al curador la representación para determinados actos de administración o disposición de bienes y/o también podrá limitar la curatela al ámbito personal.

 

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¿Qué orden sigue el Juez para el nombramiento de tutor o curador?

 

Para designar al titular de las funciones tutelares, el Juez preferirá:

  1. Al cónyuge del incapacitado que conviva con éste.
  2. A los descendientes mayores de edad del incapacitado.
  3. A los padres.
  4. A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden señalado por esta Ley para el ejercicio de la autoridad familiar.
  5. Al designado administrador por quien dispuso a título lucrativo de bienes a favor del incapacitado.
  6. A la persona que, por sus relaciones con el incapacitado o por otras circunstancias, considere más idóneo.
  7. A la persona jurídica que considere más idónea, incluida en última instancia, la entidad pública a la que esté encomendada la protección de incapacitados.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden o prescindir de todas las personas mencionadas, si el beneficio del incapacitado así lo exigiere.

 

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