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Presentación

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene reconocida en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 75. 12ª su competencia, compartida con el Estado, en materia de «contratación». Así, en el ejercicio del desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación estatal en materia de contratos del Sector Público, fue aprobada la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

Esta Ley fue pionera en la adopción de medidas de simplificación de la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, tales como la aceptación de declaraciones responsables como forma de acreditar la solvencia de los licitadores, o la tramitación simplificada del procedimiento abierto. Asimismo en el carácter estratégico de los contratos públicos en el desarrollo de las políticas públicas, al introducir una obligación de reservas sociales de contratos públicos.

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con un Registro de Licitadores. Mediante la expedición del correspondiente certificado de los datos registrales inscritos, se simplifica la documentación que deben presentar los interesados en los procedimientos de contratación pública convocados por los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una parte importante de la contratación se realiza de forma centralizada, a través del Catálogo de Contratación Centralizada, al que pueden adherirse otras Administraciones y entidades públicas. De una parte, se celebran Acuerdos Marco en los que se fijan las características y el precio de los bienes y servicios, y se deriva a un proceso posterior, el contrato derivado, la compra efectiva del bien o servicio. De otra parte, se realiza la adquisición centralizada de algunos bienes y servicios para toda la Administración de la Comunidad Autónoma y Entidades adheridas.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el órgano consultivo en materia de contratación pública de la Administración, de los organismos públicos, empresas y fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las Universidades Públicas y Entes Locales radicados en su territorio.

Igualmente destacable resulta la importante función de control que desarrolla el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), órgano independiente y especializado que tiene atribuida la competencia para conocer y resolver los recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad en materia de contratación que se interpongan en el ámbito de los poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Finalmente, destaca la constitución del Foro de contratos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, instrumento de participación en materia de contratación pública que tiene por objeto canalizar la participación de los diversos agentes sociales en el proceso de planificación de objetivos y políticas públicas en materia de contratación pública por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma y la de aquellos organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador.

 
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